Por: Dr. José Luis Perelló Cabrera*
La
política y las políticas públicas son entidades diferentes, pero que se
influyen de manera recíproca. Tanto la política como las políticas públicas
tienen que ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto
más amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas corresponden a
soluciones específicas de cómo manejar los asuntos de interés de la sociedad.
Las
políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del
gobierno. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda para establecer
políticas públicas sobre determinados sectores o temas, y de influir en ellas.
Los
gobiernos son mecanismos para la realización de políticas públicas. Más que
mirar al ordenamiento de las actividades del sector público, como dado por su
organización, conviene mirarlo como un instrumento para la realización de las
políticas públicas. Así como el logro principal de una empresa no es su
organigrama, sino sus utilidades; lo importante en el gobierno son sus
resultados, más que su estructura.
En este
quehacer, los temas económicos y sociales son tan dinámicos y relacionados, y
las actividades del gobierno que los afectan son tan numerosas e
interconectadas, que la precisión en la interpretación de los desarrollos o en
la predicción de los resultados de cualquier nueva intervención, parece dudosa. No obstante, la articulación de la política y
las políticas públicas puede ser mejorada en cada una de las etapas analíticas
de estas últimas. Tal perfeccionamiento puede considerarse parte de la
actualización o modernización del sistema político.
Políticas
sectoriales y políticas públicas.
La
oportunidad para impulsar propuestas propias de un sector es previsible a
veces, como en el caso de una renovación establecida de un programa. Quienes actúen como decisores en el terreno
de lo público deben estar preparados, sus propuestas listas y los problemas
especiales bien documentados, a riesgo que la oportunidad los pase de largo. Hoy día, cuando lo único constante es
el cambio y lo único cierto es la incertidumbre, los planes y programas deben
ser adaptables. Esto quiere decir, que deben ser flexibles y deben cambiar
conforme se van modificando los escenarios en un entorno globalizado. En este
sentido, los
cambios se producen no por causa del paso del tiempo, sino más bien de lo que
sucede mientras el tiempo va pasando.
La cercanía entre
los hacedores de políticas y las comunidades ofrece una mejor capacidad de
respuesta y otorga más transparencia al desarrollo territorial, así como un
claro incentivo a la introducción de innovaciones a la gestión local y a la
mayor responsabilidad de la población en la esfera política. La información es un antecedente
indispensable de toda participación ciudadana. Se trata de información básica,
abierta y no “predigerida”, a la que se pueda acceder libremente. De este modo puede
generarse la opinión pública y no sólo preconformarla mediante encuestas o
mensajes.
El acceso a la información puede
favorecer una mayor participación social y, al mismo tiempo mejorar
la gestión pública de diversos modos:
§
La información acerca de las necesidades, prioridades y capacidades de
las comunidades o sectores involucrados puede incrementarse.
§
La política y los programas de desarrollo pueden ser mejor adaptados a
las realidades y necesidades locales, lo que favorece un mejor uso de los
recursos.
§
Permite movilizar recursos locales a favor de las políticas públicas.
§
Puede mejorar la utilización y la preservación de las instalaciones y
los servicios gubernamentales.
La
política pública para el desarrollo turístico.
La política turística puede
ser definida como el conjunto de actuaciones y medidas emprendidas y realizadas
por las administraciones públicas relativas a la actividad turística en un
determinado territorio.
La política
turística es también una responsabilidad del gobierno. Como conjunto de
lineamientos que dirigen y pautan el desarrollo turístico nacional, que debe
ser de naturaleza general para que pueda
abarcar y cubrir la generalidad de los actores económicos del sector. Con
independencia del involucramiento y de las iniciativas de los entes privados en
acciones o proyectos, en los que el gobierno no tenga intervención, la política
pública trazada, abarca los rumbos del sector que se trate, así como de la
adopción de medidas regulatorias para alcanzar las metas y objetivos
sectoriales. Es por ello que las consideraciones de equidad en
el crecimiento económico, el ahorro doméstico, la inclusión social, la creación
de empleo y la preservación medioambiental y cultural, a la larga, son
responsabilidad del gobierno y de las políticas públicas en ese proceso.
La política pública del desarrollo
deberá considerar al turismo como una actividad interrelacionada con los demás
sectores de la economía y de la sociedad, que se impacta y genera impactos en
ellas, y que por tanto, debe ser insertado en los planes integrales de
desarrollo a escala nacional, territorial y local, para vincularse de manera
armónica, complementaria y congruente con las demás políticas sectoriales.
Reconociendo además, que el turismo, por sí solo, no desarrolla ningún país.
Toda política para el desarrollo
turístico se elabora con un enfoque de promoción de la inversión turística
sensiblemente ambiental, en observancia plena del ordenamiento ecológico, que
se adapte a las condiciones del paisaje, minimice el impacto sobre el
ecosistema y respete los patrones tradicionales de la cultura.
Corresponde
a la política pública dictar las pautas y regulaciones para el desarrollo de
las zonas de atracción y de facilidades
turísticas que logre equilibrar la vocación turística de los inmuebles,
procurando incorporar elementos de la arquitectura tradicional, las
manifestaciones artísticas y artesanales de la localidad y respetar las
condiciones ambientales locales; considerar las condiciones urbanas y la
estrategia de desarrollo urbano del lugar planteadas en los planes y/o
programas de desarrollo urbano, así como
en las regulaciones urbanísticas correspondientes, e incluir componentes que
respeten la topografía, fauna, vegetación
nativa, clima y cualidades especiales de cada territorio.
La política pública del turismo dicta
las consideraciones técnicas correspondientes para garantizar la salvaguarda e
integridad del patrimonio cultural de la sociedad que lo detenta. Al mismo
tiempo, establece las estrategias que propicien y fomenten la inversión
pública, privada y social que hagan económicamente viable la ejecución del Plan
Maestro de Desarrollo Turístico de cada territorio.
Le corresponde a la política pública
establecer estrategias que mitiguen o eliminen los impactos directos e
indirectos medio-ambientales, urbanos y culturales del turismo, y que generen
las oportunidades para la conservación y recuperación de la biodiversidad, la
consideración de las culturas locales y la distribución equitativa de los
beneficios económicos y sociales que se generan en torno al turismo, en todos
los segmentos de la comunidad.
Es
responsabilidad de la política pública procurar el desarrollo de la propiedad
social de la tierra, en el proceso de planeación, desarrollo y operación de los
proyectos como parte de ellos y logrando que la actividad turística sea, para
las comunidades, una alternativa de desarrollo efectiva ante otras actividades
económicas que han dejado de ser rentables o que afectan el medio ambiente. Olvidar la herencia recibida equivale
a privarse de poderosas palancas y a perder mucho tiempo reinventando
soluciones existentes. Mantener la memoria de los métodos y las herramientas
permite hacerlos evolucionar y enriquecerlos. La inversión intelectual
realizada no ha sido para nada inútil, basta con actualizarla con datos
recientes para recuperar la mayoría de los mecanismos y resultados anteriores.
La solución en muchas ocasiones; en vez de innovar, es renovar.
La política pública del turismo provee
de marco social y jurídico, así como de un conjunto de regulaciones e
incentivos cuyas conclusiones permitan la identificación del potencial
turístico de los destinos, así como sus capacidades de carga y las necesidades
de equipamiento turístico proyectadas al corto, mediano y largo plazos, a fin
de tener criterios puntuales para la ampliación y búsqueda de mercados, diseñar
las atracciones turísticas y equiparar los productos turísticos a las normas
internacionales de calidad sustentable, a precios competitivos y rentables.
La política para el desarrollo del
turismo deberá contener un marco de referencia relativo a las ventajas ecológicas,
urbanas, sociales, económicas, tributarias, culturales y otras relacionadas con
los atractivos turísticos únicos de los destinos, así como una identificación
de los nichos de mercado orientados a la naturaleza y la cultura con base en la
comunidad.
Corresponde a las políticas públicas
promover líneas de acción para los planes y/o programas de desarrollo urbano en
sus distintos órdenes, que permita diseñar estrategias de desarrollo turístico
acordes a las necesidades de la población y su capital humano, al crecimiento
de las ciudades y al adecuado ordenamiento del territorio y el desarrollo
urbano sustentable.
A manera de conclusión.
Las políticas públicas nacionales, como una herramienta para
el desarrollo, deberán diseñarse
para integrar los intereses económicos con los aspectos que incidan en este.
Hay que
garantizar la contribución eficaz del sector turístico al desarrollo económico
promoviendo una mejor distribución de la riqueza a nivel nacional y territorial;
conservando el patrimonio cultural a nivel local, el fortalecimiento de los
procesos culturales y el respeto a las costumbres de las diversas comunidades. Es indispensable cuestionar la
comodidad del espíritu y despertar las conciencias dormidas sobre falsas
certezas, estereotipos y conjeturas. Al mismo tiempo,
proyectar el desarrollo del turismo sobre una base económicamente rentable y
ambientalmente responsable, orientada a mantener la capacidad de los ecosistemas
y alentar su conservación.
La política pública para el desarrollo de destinos turísticos
específicos, deberá basarse en una visión de la competitividad de los
territorios y comunidades enclavadas en localidades de interés turístico. Para
impulsar el desarrollo local, es menester tener en cuenta la necesidad de una
política pública coherente que partiendo de una determinada conceptualización
interpretativa de la realidad, encause las vías que tributen al desarrollo
local sustentable.
Los
niveles de gobierno habrán de fomentar políticas públicas, que incorporen a los
sectores privado y social, en la promoción y desarrollo del turismo con nuevos modelos alternativos y de administración de actividades
turísticas sustentables, tales como el turismo cultural, de naturaleza y
aventura, el ecoturismo, el histórico-patrimonial, así como todo tipo de
productos turísticos y servicios de interés especial para los diferentes
destinos o sitios, incrementando las posibilidades de diversificación de la
oferta turística nacional en un marco de sustentabilidad. Ello permitirá
introducir incentivos económicos no necesariamente contemplados por el sector público.
La
política pública nacional deberá
proteger y promover el derecho de
las comunidades locales a tener acceso y utilizar los lugares y recursos
turísticos. Esto con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia con
respecto a los atractivos valorados por los visitantes foráneos, y así contribuir
a crear una actitud permanente de custodia sobre los mismos.
La
política pública turística será entonces un eslabón más de la política
económica y social, dirigida al desarrollo sustentable en aras de mejorar el
bienestar de los ciudadanos de una comunidad mediante la creación de riquezas,
puestos de trabajo, e incluso mejorando el saldo comercial exterior.
